martes, 5 de febrero de 2008

Democracia paritaria, igualdad sustantiva; Un partido Trasformador.



Documento presentado por el sociofeminismo al XXVIII CONGRESO GENERAL ORDINARIO SALVADOR ALLENDE GOSSENS


Introducción

El Congreso Programático del Partido Socialista de Chile, es un espacio privilegiado para debatir, definir y redefinir los cursos de acción a seguir por el Partido en su conjunto. La sociedad ha cambiado en los últimos nueve años y con ello las formas de materializar los ideales que inspiran desde siempre al socialismo.

La Corriente Socialista Feminista, integrada por militantes de todas las tendencias, que por muchos años han mantenido reflexión y acción en materia de justicia de género y proyecto socialista, presenta al Congreso del Partido su pensamiento y propuestas. Estas se organizan en torno a la noción de paridad, la que entendemos como igualdad sustantiva en todos los planos de la vida política y social.

Las injusticias sociales constituyen un eje que históricamente ha motivado el accionar del Partido Socialista. Históricamente las y los socialistas hemos apoyado las causas de quienes sufren explotación y opresión. Lo que ha cambiado es la forma en que nos aproximamos a estas injusticias, producto entre otras cosas, de una mayor complejidad de nuestras sociedades. Nuevas formas de producción y de explotación del trabajo y del consumo, el vertiginoso avance de las comunicaciones, Estados coherentes con las lógicas de las políticas neoliberales, la globalización del poderío económico, nos han obligado a mirar más en profundidad cuales son hoy las injusticias estructurales, así como los mecanismos discursivos y operativos para enfrentarlas.

Enfrentar la desigualdad de género implica apoyarse en el principio ético de equidad, esto es, siguiendo al Premio Nobel de Economía Amartya Sen, dar respuesta a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, de manera de asegurar el desarrollo ampliado de capacidades que otorguen grados crecientes de libertad para decidir autónoma e informadamente sobre la propia vida y la vida de la sociedad.

La desigualdad entre los sexos es una de las injusticias más antiguas y que afectan todo el orden social. Se trata de una diferencia irreductible, ser hombre y ser mujer, pero que la sociedad ha jerarquizado y naturalizado haciendo de las mujeres en su conjunto ciudadanas de segunda categoría. El siglo XX ha sido uno de los mas importantes y fructíferos en el reconocimiento y avance de los derechos de las mujeres, las que a partir de la vindicación de igualdad fueron logrando el derecho sufragio y educación primero, posteriormente su acceso al mercado de trabajo y por último el reconocimiento como derechos humanos universales del ejercicio de la sexualidad y las decisiones reproductivas y la condena a la discriminación y a la violencia con base en el género.

En Chile, los gobiernos de la Concertación fueron capaces de recoger viejas y nuevas reivindicaciones de igualdad y derechos humanos de las mujeres, permitiendo un avance inédito en el país, en que junto a cambios legales e institucionales, las propias mujeres han tomado creciente conciencia de la discriminación y de sus derechos. Este proceso se ha acentuado con la llegada a la Presidencia de la República de nuestra compañera Michelle Bachelet, entre otras razones por el fuerte impacto cultural que han tenido sus acciones orientadas a la paridad, las buenas prácticas laborales y la protección social.

Sin embargo, los avances logrados son insuficientes. En el ámbito público, las mujeres aún enfrentan altos grados de discriminación tanto en la política como en el empleo, mientras que en el plano privado (o doméstico) se mantiene en niveles mínimos la responsabilidad masculina en las tareas domésticas y de cuidado del grupo familiar. Aún estamos en un país donde no se garantiza el derecho a decidir sobre la reproducción y donde la agresión a una mujer por parte de la pareja o ex pareja es un hecho común, del cual el femicidio es sólo una muestra. Pero no sólo se trata de cerrar brechas preexistentes: se ha demostrado empíricamente que las nuevas formas de explotación, desigualdad social y pobreza van de la mano con nuevas formas de discriminación de las mujeres, que van quedando sistemáticamente en las condiciones más precarias. Por otro lado, los avances sociales, culturales y políticos de las mujeres han generado en Chile y el mundo poderosas reacciones integristas que pretenden restablecer un modelo de familia y de control sexual y reproductivo que mantenga la posición subordinada de las mujeres. En esta línea se ubican también los ataques sexistas contra la Presidenta, en especial aquellos que pretenden que nunca más una mujer ejerza los máximos poderes del país y que no es arbitrario denominar femicidio (asesinato de mujeres) político. Así, son numerosas las tareas pendientes para llegar a una sociedad donde imperen la equidad y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la política, la producción, la reproducción y la vida social

De la mano del Partido Socialista y desde los diversos movimientos de mujeres, las socialistas feministas hemos comprendido la relevancia de la lucha por la igualdad y el impacto que ésta puede tener en el desarrollo y transformación de nuestra sociedad hacia una más justa y más inclusiva. Al mismo tiempo, estamos ampliando la comprensión de las injusticias que queremos erradicar como socialistas. No se trata del compromiso con una minoría o con un colectivo, se trata de la otra mayoría: la mitad de la humanidad, la femenina, que aún no accede a los recursos simbólicos y materiales en igualdad con los hombres.

El principio de igualdad en tanto parámetro para superar las injusticias ha tenido un desarrollo que hoy permite a un Partido como el nuestro asumir una posición clara respecto a lo que queremos lograr: la plena ciudadanía de las mujeres. En efecto, la igualdad de ayer ligada al trato igualitario fue insuficiente para resolver situaciones que requieren un trato diferenciado. Así mismo, las políticas de igualdad de oportunidades, necesarias para establecer un punto de partida mínimo que corrigiera la desigualdad histórica con la que las mujeres acceden a los espacios públicos, se han enfrentado a su propio techo sin que hayan podido garantizar el punto de llegada para esas mujeres. Se produce así un vacío de respuesta política que exige repensar las estrategias para avanzar hacia la justicia de género.


La Paridad como marco del accionar político

La paridad es el concepto que mejor da cuenta de cómo construir la igualdad sustantiva entre los sexos, erradicando la desigualdad que afecta a las mujeres y que encuentra profundo arraigo en las instituciones políticas, económicas y sociales. Ya no sólo se trata de reconocer a las mujeres los mismos derechos que los hombres, sino que de redistribuir el poder y los recursos entre unos y otros. La igualdad sustantiva abarca tanto el espacio público como el privado y por tanto posibilita la construcción de una ciudadanía que incluye lo doméstico y familiar. La paridad, como dijo la Presidenta Bachelet, es un “principio filosófico” que si bien incluye la representación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios públicos, va mucho mas allá, para tocar la médula de cómo hasta ahora se han ordenado las sociedades, exigiendo un nuevo contrato social.

Avanzado ya el siglo XXI, sigue vigente el contrato social del siglo XVIII que validó una ciudadanía masculina y la subordinacón de las mujeres en el mundo doméstico. El Partido Socialista debe ser capaz de subvertir este contrato social, empujando transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que apunten a que los hombres se hagan cargo efectivamente de las tareas domésticas de crianza y cuidado de las personas y a que las mujeres extiendan su presencia más allá del mercado del trabajo, al mundo de las decisiones políticas, ejerciendo su ciudadanía en forma más plena e instalando nuevas formas de abordar el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Implica, finalmente, prestigiar el mundo doméstico y darle el estatus que hoy tiene el mundo de lo público, cambio que constituye la piedra angular en la construcción de la paridad.

En efecto, la paridad requiere que los costos de la reproducción social y biológica sean repartidos entre hombres y mujeres, y así, que el espacio privado se constituya también en un ámbito de definición ciudadana. La co-responsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito privado es un requisito sine qua non para lograr la paridad también en el ámbito público.

La paridad mira también que las mujeres son diversas y que en muchos casos confluyen en ellas situaciones y condiciones que profundizan los grados de subordinación y discriminación. La pobreza, la etnia, la orientación sexual, la edad y el estatus migratorio, son condiciones que interactúan con el género, dando cuenta de particularidades que requieren ser asumidas en los procesos redistributivos del poder y de los recursos.

El Partido Socialista debe asumir esta tarea quizás más que cualquier otro partido político en Chile. No sólo porque cuenta con una presidenta mujer, sino que porque hace parte de su ideario y su práctica política y social contra la injusticia.

Nuestra propuesta para el Congreso Programático es que se asuma el concepto de paridad en tanto igualdad sustantiva, como marco conceptual del accionar político, en los diversos ámbitos, que exponemos a continuación.


a) Democracia ciudadana y paritaria

Los tiempos han cambiado, las democracias no se evalúan solamente por su capacidad de renovar autoridades electas, sino por su capacidad de dar vigencia a los derechos de la ciudadanía y constituirla en sujeto de las decisiones que le afectan. El sujeto de la democracia hoy, más que el votante, es el ciudadano, es la ciudadana.

La crisis de legitimidad que hoy viven los partidos políticos, radica en gran medida en que las ciudadanas y los ciudadanos los perciben alejados de sus preocupaciones e intereses, o como maquinarias de poder ajenas a su rol de intermediación entre la sociedad y el Estado. En estas percepciones y esta brecha reside un gran peligro para cualquier democracia.

Como se ha recordado reiteradamente, la “política” no es sólo -ni es siempre- lo que hacen los políticos, sino lo que hace la ciudadanía y sus organizaciones cuando se ocupan de la cosa pública.

Cuando se coloca a la ciudadanía como fundamento de la democracia entonces ésta se mide por su capacidad para garantizarla y expandirla en las esferas civil, social y política, en el ámbito público y en el privado. Al hablar de ciudadanía nos referimos al estatus que requiere cada persona como miembro de pleno derecho de una comunidad, y alcanza a las diversas esferas que se expresan en derechos y obligaciones. Así, interrogarnos sobre la calidad de nuestra democracia nos lleva necesariamente a interrogarnos sobre el sistema que permite acceder a los cargos públicos, sobre la organización social que genera la democracia –el Estado, los partidos, el poder- y sobre la calidad de la ciudadanía civil, social y política de las mujeres y hombres que integran la sociedad.

El desafío que se nos plantea como militantes socialistas, en esta etapa, es el de ampliar la política, devolverle el carácter de debate y decisión colectiva sobre todas las materias que tienen relación y que implican el bien común, el destino colectivo. El desafío es recuperar lo público para el debate, recuperar la participación de la gente, formular opciones, representar a los ciudadanos y generar los nexos entre Estado y sociedad para gestar poder democrático.

En ese sentido, una democracia ciudadana debe ser, en primer lugar una democracia que garantiza un acceso igualitario de hombres y mujeres al espacio de la política. Este acceso no se produce por la sola voluntad individual de hombres y mujeres. Requiere de actores políticos con voluntad firme expresada en propuestas que se traduzcan en leyes, políticas y programas.

Una representación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos de elección, un compromiso político de paridad con los cargos de designación, y las medidas de acción positiva que permitan iniciar este proceso no tendrán resultados sin embargo, si los partidos y en este caso el PS no asumen este desafío internamente. El 30% que el PS acordó como medida de acción positiva, homologa a las mujeres a una minoría, se trata de una injusticia pero también de un profundo error conceptual. Es difícil compartir el poder y sin embargo necesario para un partido que rechaza los privilegios.

b) Familias democráticas

Desde el gobierno de Patricio Aylwin (Comisión de la Familia) se ha demostrado reiteradamente a la opinión pública chilena que hoy en día son múltiples y cambiantes las formas de constituir familias. A los partidos les toca generar propuestas de país que den cuenta de los cambios y que acompañen a las personas en las variantes necesidades de la vida familiar, particularmente en los sectores más pobres.

Como partido, debemos tomar más iniciativa respecto de la institución familiar, No podemos seguir dejando a la derecha el discurso público sobre “la” familia, considerando que para todas las personas es importante contar con un núcleo de relaciones próximas de afectividad y apoyo mutuo, y que el grupo familiar, en cualquiera de sus formas, sigue siendo el núcleo preeminente para la reproducción social.

Para avanzar en esa dirección debemos romper con la dicotomía conceptual y normativa entre lo público y lo privado, que ha promovido y/o facilitado la desigualdad al interior de la familia. Esta separación fue lo que permitió por siglos concebir la violencia y la explotación del trabajo de las mujeres en el hogar como asuntos del ámbito privado y propios de la biología de la especie. El concepto de familia como espacio privado y como destino principal y obligado de las mujeres ha sido el principal freno al acceso de las mujeres en igualdad de condiciones, a la esfera pública.

La apuesta del partido socialista es por una familia democrática, que no constituya un espacio de poder y subordinación, sino que esté sustentada en el respecto irrestricto de los derechos humanos de cada uno de sus miembros y en la responsabilidad compartida de las tareas de cuidado, de generación de ingresos y de participación en la vida social y política. La paridad en la política no puede sino sustentarse en la paridad en la familia, entendida como igualdad de deberes y derechos entre mujeres y hombres en las tareas reproductivas, incluyendo la responsabilidad del cuidado de los hijos e hijas y de los deberes cotidianos del hogar.

Una democracia moderna tiene la obligación de promover y facilitar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en lo público y lo privado. Promover y facilitar la corresponsabilidad significa que el Partido Socialista sea capaz de subvertir el contrato social actual. Implica transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas que apunten a que los hombres se hagan cargo efectivamente de las tareas domesticas de crianza y cuidado de las personas y, que las mujeres extiendan su presencia más allá del mercado del trabajo, al mundo de las decisiones políticas, ejerciendo su ciudadanía en forma más plena e instalando nuevas formas de abordar el ejercicio del poder y la toma de decisiones. Implica finalmente prestigiar el mundo doméstico y darle el estatus que hoy tiene el mundo de lo público.

Reconocer el valor económico del trabajo que se realiza en el hogar, promover el ejercicio de la paternidad, instaurar el acceso al tiempo libre de tareas domésticas como un derecho, rediseñar las instituciones para que su funcionamiento sea compatible con la vida familiar, proveer servicios de apoyo al cuidado de enfermos, son parte de las tareas que recién empezamos a vislumbrar para hacer de la reproducción social una responsabilidad que todos y todas asumimos de manera equitativa.

En esa dirección, es preciso destacar los roles a jugar por la educación y la comunicación social en la promoción de la deseabilidad de nuevas formas de vivir las masculinidades y las feminidades. Los miles de mujeres golpeadas o violadas en su entorno cotidiano y las decenas de asesinadas por sus parejas, constituyen un indicador de fracaso del proceso de democratización de las familias y por ende de las políticas públicas que deben empujar su realización.

Sin paridad en la vida familiar no hay paridad en la vida pública.


c) Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos

En la búsqueda de paridad en materia de Derechos Humanos, las Naciones Unidas han ido acogiendo demandas de la sociedad civil que se han extendido al ámbito de la sexualidad y la reproducción. La Conferencia Mundial sobre derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) u la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995), forman parte de un marco de derecho internacional que aboga por el resguardo de los derechos de las mujeres, interpelando de fondo a los estados respecto del trato que otorga a su población femenina y en consecuencia, planteándoles desafíos y obligaciones de humanización de sus sociedades.

La dimensión sexual y reproductiva de los Derechos Humanos tiene un tremendo contenido político, por cuanto alude a la corporalidad y las decisiones que se toman sobre ella, y establece una relación indisoluble con la libertad para decidir en forma autónoma sobre si misma o si mismo - proyecto de vida -, con pleno ejercicio de la dignidad humana. Vinculándose también, con la integridad y seguridad corporal, y rechazando cualquier forma de violencia que dañe o menoscabe los cuerpos (violencia de género, maltrato infantil, violencia sexual, tortura, guerras).

Un partido socialdemócrata, inspirado entre otros, en los nobles principios de justicia social, libertad, igualdad y solidaridad, requiere contribuir con toda la fuerza de sus ideas y de su voluntad política a re - instalar en la sociedad chilena la igualdad de autonomía y libertades entre mujeres y hombres, expresadas en el derecho a decidir sobre los cuerpos, su sexualidad y su reproducción. El derecho a decidir de las mujeres requiere ser ejercido sin interdicción y sin discriminación, reconociendo la dignidad humana de éstas, así como su contribución al cuidado de la sociedad chilena a través de su enorme responsabilidad sexual y reproductiva, evidenciada en el éxito de las políticas públicas de regulación de la fecundidad y consiguiente caída de la mortalidad materna. Estas políticas, iniciadas por Eduardo Frei Montalva fueron profundizadas y extendidas hacia la progresiva legalización del aborto
[1] durante el Gobierno de Salvador Allende. La inmensa sensibilidad y el compromiso social de Salvador Allende lo hicieron conectarse con la necesidad de las mujeres, especialmente de las mujeres pobres, carenciadas no sólo socioeconómicamente sino que también en materia de derechos y dignidad.

La subjetividad patriarcal que traspasa la vida, la cultura y decisiones de la sociedad, tiende a ser benevolente con los abortos masculinos – que ocurren cada vez que un hombre no se hace cargo del destino de su semen - y castigadora con los abortos de las mujeres. La penalización pone en riesgo innecesariamente la vida de las mujeres dado que las obliga, en el caso de las más pobres, a recurrir a abortos ilegales e inseguros en manos de personal no capacitado para llevar a cabo una prestación de salud que, en aquellos países en que se practica legalmente, no conlleva mayores riesgos.

Finalmente, respecto de la penalización del aborto terapéutico, debemos señalar como inaceptable para nuestra democracia el que las mujeres deban poner en riesgo su vida o su salud por el mandato social de cursar un embarazo. Es un sufrimiento innecesario, equiparable a tortura, obligar a esperar nueve meses para parir un hijo que vendrá con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, o que una mujer deba gestar y criar al producto de una violación. La penalización el aborto terapéutico es parte del legado de la dictadura y es una vergüenza para la democracia mantener esta disposición.

Ser socialistas exige retomar la visión de Allende y de todos los mandatos presidenciales que validaron el aborto terapéutico durante cincuenta años en el país, y exige comprometerse activamente en la defensa de las políticas de anticoncepción, hoy amenazadas, que han llevado a una disminución de la mortalidad materna en Chile, ejemplar en América Latina y el mundo.

El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en igualdad de condiciones que los hombres, así como la convocatoria a los hombres a ser co- responsables del bienestar sexual y reproductivo de la población chilena, son vías para contribuir a la paridad entre hombres y mujeres, humanizando la sociedad.


d) Trabajo, equidad de género y economía

Uno de los grandes aportes de las teorías de género a la comprensión de la economía es la demostración de tanto el trabajo mercantil (remunerado), como aquel que permite la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo (no remunerado) y que realizan en su gran mayoría las mujeres por razones culturales, son indispensables para el desarrollo económico y el nivel de bienestar alcanzado por la población. Las encuestas de uso del tiempo que se han generalizado en el mundo, aportan evidencias sustantivas en esta dirección.

Reconocer el trabajo no remunerado como un trabajo de igual importancia y necesidad que el trabajo remunerado e implementar políticas orientadas a distribuirlo equitativamente entre mujeres y hombres con el apoyo de servicios sociales, es una premisa fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa en la cual las mujeres puedan aportar todas sus capacidades y acceder a los beneficios del desarrollo en igualdad de condiciones y resultados. Si bien en Beijing ’95 se construyó consenso respecto de estas afirmaciones, no se ha avanzado en términos sustantivos, producto de la colisión con las nociones tradicionales de economía y con la hegemonía del modelo neoliberal.

El modelo neoliberal implementado en la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, durante las últimas décadas se ha mostrado incapaz de resolver las necesidades de la población, generando crecientes desigualdades sociales, aún en contextos de alto crecimiento económico. Las nuevas y diversas formas que ha asumido la relación entre el capital y el trabajo han marcado una tendencia a la precarización del empleo y a la jibarización de derechos laborales alcanzados durante décadas de luchas sociales.

En nuestro país, la tasa de desocupación ha disminuido en el último período, pero aumenta el empleo precario: según la OIT el 70% del trabajo en Chile es indecente, vale decir, la gran masa laboral, y especialmente las mujeres, sufren alguna de tres lamentables condiciones: inexistencia de contratos de trabajo; falta de seguridad social, e ingresos mensuales que para una gran mayoría no superan el salario mínimo. Las expectativas sobre la reforma previsional son muchas; tendremos que ocuparnos de que los resultados finales no se aparten de los objetivos del programa de gobierno y que resuelvan efectivamente las urgentes necesidades de la mayoría de la población, en especial de las mujeres.

Estas tienen una especial vulnerabilidad, basada en factores como: baja tasa de participación en el mercado laboral – en especial las mujeres jóvenes de los quintiles más bajos-; sobrerrepresentación en el trabajo doméstico no remunerado; discontinuidad en el empleo debido a la maternidad y la crianza; acceso a que cargos de menor prestigio e ingresos; desigualdades salariales a que están sometidas (las remuneraciones de las que trabajan para el mercado son en promedio un 33% inferiores a las correspondientes a los hombres); y predominio numérico en los estratos más pobres.

Si queremos avanzar hacia políticas de empleo más equitativas hacia las mujeres, tenemos que asumir que es necesario que las mujeres más excluidas deben incorporarse a la búsqueda de trabajo remunerado, teniendo claro que es esperable que, si todas las mujeres en edad activa hacen efectiva esta demanda, la tasa de desocupación y/o el empleo precario aumentarían significativamente. (Habría que analizar desde esta mirada las últimas cifras de desocupación).

Para el Partido Socialista, impulsar políticas de generación de empleo decente que resuelva la exclusión de las mujeres y equiparar los espacios laborales – mercantil y doméstico – de manera que tanto hombres como mujeres sean a la vez proveedores de ingresos y responsables de los cuidados que demanda el hogar, es una tarea prioritaria para lograr las transformaciones indispensables para un desarrollo con equidad.

En este marco, es necesario fomentar la responsabilidad social de la empresa, la remodelación de las condiciones de trabajo y de las prácticas laborales, para hacerlas compatibles con las dinámicas familiares; el cambio de las masculinidades orientado al mundo del cuidado y de los afectos; el empoderamiento de las mujeres y la provisión de servicios públicos de cuidado: crianza, enfermas/s, ancianas/os y personas con discapacidad.


e) Por un Estado social post-salarial y laico

La aplicación del concepto de paridad, como igualdad sustantiva, a la cultura, la economía y la democracia, subvierte el orden social para construir uno más acorde con los ideales socialistas de igualdad y justicia.

El Partido Socialista debe hacer una revisión profunda del tipo de Estado que quiere establecer para construir un nuevo tipo de sociedad, donde la diferencia sexual no sea vehículo de desigualdad, orientando hacia la paridad los diversos espacios de la convivencia social, a través de la legislación, las políticas de desarrollo democrático, social y económico y el funcionamiento de las instituciones políticas y administrativas.

Pero el socialismo de hoy no puede realizar su proyecto transformador con los instrumentos de un Estado Benefactor y Productor propio de la sociedad salarial del siglo XX, sino que debe buscar nuevas fórmulas para responder a las demandas de justicia de hoy, con los rasgos propios de un Estado protector y laico en el contexto actual.

El estado protector, comprometido con una sociedad en que todas las personas sean cuidadoras y proveedoras, debe garantizar para mujeres y hombres el ejercicio de derechos, dignidad y libertades, según el concepto de Amartya Sen, antes enunciado

El Estado laico debe garantizar la libertad de pensamiento de las personas y el acceso al máximo de información y medios para ejercer su autonomía, sin subordinar su capacidad de decisión a mandatos ideológicos religiosos contributivos a la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Para realizar este tipo de Estado, la instalación de la paridad es un prerrequisito, y a la vez un indicador del compromiso de sus poderes con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los planos de la vida política y social.

Firman:

Carolina Carrera
Natalia Flores González
Lorena Fries Monleón
Tatiana Hernández Comandini
María Isabel Matamala Vivaldi
Danae Mlynarz Puig
Verónica Montellano Cantuarias
Raquel Neira Oviedo
Verónica Oxman Vega
Patricia Provoste Fernández
Paula Salvo Del Canto
Ximena Zavala

Adhieren:

Ana Bell
Marcia Scantlebury
Osvaldo Torres
Rafael Urriola
Carmen López
Paulina Vidal
Nora Donoso
Andrea Quiero
Maite Albagly
Fanny Pollarolo
Gladys Gómez
Cecilia Suárez
Patricia Abarzúa
Juan Azocar M.
Cristina Wormull
Javiera Ulloa
Ma.Isabel Sotomayor
Doris Vásquez
Sandra Pastene
Jorge Arrate

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